El caso Michoacán

En contraste a la vasta riqueza natural que dota al estado de Michoacán, el funesto escenario de guerra que envuelve a sus comunidades ha atrapado la atención de la sociedad mexicana, así como de la comunidad internacional, tras el levantamiento armado de diversos grupos civiles que han asumido la improvisada encomienda de defender a sus pueblos.

            El origen del caso se remonta a varios años atrás, con la orden del entonces recién electo presidente Felipe Calderón de implementar un operativo militar que diera inicio a su denominada guerra contra el narcotráfico,  considerando como epicentro del conflicto al estado michoacano y enviando a esta entidad 6 mil militares para hacer frente a las organizaciones criminales.

            2007 fue un año de constantes enfrentamientos entre militares y grupos delictivos, además de integrantes de instituciones del estado que se encontraban inmiscuidos en las filas del crimen organizado. Los años posteriores siguieron perpetuando una tendencia similar: decomisos históricos de drogas y armas, capturas de diversos miembros de agrupaciones delictivas, la investigación de funcionarios públicos por sus nexos con aquéllos, y desde luego, un incesante fuego cruzado que victimizaba a culpables e inocentes.

 Los años del Calderonismo marcaron no solo a Michoacán, sino a toda la república con sangre, horror y dudas. Con la transición presidencial aguardando, un poco de optimismo, pues así lo prometía el discurso político que se emitía, sembraba en los ciudadanos las aspiraciones de retomar la calma en sus comunidades, pero la realidad subsecuente, distaba mucho de ser pacífica.

Y en 2013, la violencia recrudeció, prueba de ello, es que este año concluyó estigmatizado como el más sanguinario para esta entidad federativa desde el inicio de la mencionada guerra contra el crimen. El número de homicidios dolosos investigados en 2013 superó a los de su antecesor en un 27%.  Comunes fueron, además, los bloqueos carreteros que se volvieron noticia cotidiana, según parecía, diversas guardas comunitarias se hacían del control de diversos puntos de Michoacán.

Se habían documentado grupos de autodefensa en seis comunidades michoacanas: Ostula, Tepalcatepec, Coalcomán y Buenavista, además de Cherán y Urapicho, que desde 2011 ya contaban con estos policías comunitarios., pero todo indicaba que el furor orillaría a que fuesen más. Estas agrupaciones se integran por cuerpos armados civiles que se levantaron en armas contra el crimen organizado, particularmente el cártel de Los Caballeros Templarios quienes se disputan el dominio de la plaza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, ante la ineficacia de las autoridades institucionales que incumplen en su labor de procurar la seguridad social y según algunos afirman, incluso fungen como cómplices de la delincuencia. El origen de estas policías comunitarias es muy difuso: Los Caballeros Templarios aseveran que están al servicio de cárteles rivales, se baraja también la posibilidad de que sean cuerpos paramilitares organizados por el gobierno federal, ellos mismos aseguran que se ha estructurado durante años en secrecía, obtenido armamento abandonado por los criminales y que su único objetivo, es abatir a los narcotraficantes que durante años los han sumergido en inseguridad, dolor y muerte.

El actual presidente Enrique Peña Nieto anunció en mayo un nuevo plan para afrontar la situación que se había desatado en el estado, que ahora era también regido por su partido político, pero la ausencia de su gobernador Fausto Vallejo quien desde abril pasado recibe tratamiento médico prolongado por 270 días, supone, inevitablemente, un importante hueco gubernamental en la entidad. La oposición se empecinaba ahora en analizar la desaparición de los poderes en el estado para que la Federación atendiera el asunto, pero la propuesta fue pronto descartada. Hacia noviembre del 2013, el gobierno federal tomó el control del puerto de Lázaro Cárdenas, un importante punto comercial, tras el avance de los grupos civiles armados en diversos municipios del estado.

            El año actual comenzó con una tónica igual de vertiginosa. El 4 de enero, el líder del grupo de autodefensa en Tepalcatepec, José Manuel Mireles, quien adquirió trascendencia en el ojo público hace casi once meses, y procesado y sentenciado por delitos contra la salud hace más de 20 años, resulta herido tras desplomarse la avioneta en la cual viajaba, escapando de la muerte con traumatismo craneoencefálico leve y mandíbula dislocada, pero dando vida a muchas interrogantes. Ese mismo día, algunas horas antes, agrupaciones civiles armadas ingresaron al municipio de Parácuaro, en  donde asumieron el control de la seguridad en la localidad, y procedieron a retener y desarmar a policías municipales.

El 10 de enero el gobernador estatal, Fausto Vallejo, solicitó por escrito al gobierno federal el envío de fuerzas policiacas y militares, tras reportarse ataques a la alcaldía y diversos comercios en Apatzingán, encontrándose el 13 de enero con autoridades federales en Morelia, particularmente, con el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, con quien ya había mantenido reuniones personales en días recientes.

            

Un día antes de la reunión arriba mencionada, el domingo 12 de enero, un grupo de civiles armados tomaron la población de Nueva Italia, en las cercanías de Apatzingán. Tras esto, se emplazaba constantemente a los grupos de autodefensa a retomar su actividades cotidianas y entregar las armas que portaban, también se les proponía que pasaran a integrar las filas de los cuerpos policíacos institucionalmente reconocidos, a lo que los representantes de las policías comunitarias constantemente se han rehusado, pues tienen sus objetivos muy marcados. El desarme que pretendió efectuar el gobierno en coordinación con los cuerpos militares, ha desencadenado en la repulsa por parte de la población civil, pues en ellos han perecido inocentes a manos de los soldados.

El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto designó el 15 de enero a Alfredo Castillo Cervantes como titular de la nueva Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán; el ex titular de la Profeco tiene ante sí una colosal labor que asumir, pues en su encomienda está atender la crisis de inseguridad en el estado de Michoacán desatada por los enfrentamientos entre los grupos de autodefensa y los cárteles del narcotráfico.

El procurador general de la república, Jesús Murillo Karam previó el brote del denominado efecto cucaracha en los estados colindantes en Michoacán, por lo cual se desarrolla una estrategia que involucra conjuntamente a diversos niveles de gobierno para prevenir esta reacción. Murillo Karam declaró recientemente que la situación en Michoacán ¨es tan compleja como para resolverla en unos días¨, pero mientras los días transcurren, los titulares de los medios informativos se inundan con más noticias sobre estos hechos que marcan trascendentalmente el inicio de un nuevo año en México.