En contraste a la vasta riqueza natural que dota al estado de Michoacán, el
funesto escenario de guerra que envuelve a sus comunidades ha atrapado la
atención de la sociedad mexicana, así como de la comunidad internacional, tras
el levantamiento armado de diversos grupos civiles que han asumido la
improvisada encomienda de defender a sus pueblos.
El origen del caso se
remonta a varios años atrás, con la orden del entonces recién electo presidente
Felipe Calderón de implementar un operativo militar que diera inicio a su
denominada guerra contra el narcotráfico, considerando como epicentro del conflicto al
estado michoacano y enviando a esta entidad 6 mil militares para hacer frente a
las organizaciones criminales.
2007 fue un año de
constantes enfrentamientos entre militares y grupos delictivos, además de
integrantes de instituciones del estado que se encontraban inmiscuidos en las
filas del crimen organizado. Los años posteriores siguieron perpetuando una
tendencia similar: decomisos históricos de drogas y armas, capturas de diversos
miembros de agrupaciones delictivas, la investigación de funcionarios públicos
por sus nexos con aquéllos, y desde luego, un incesante fuego cruzado que
victimizaba a culpables e inocentes.
Los años del Calderonismo marcaron no solo a
Michoacán, sino a toda la república con sangre, horror y dudas. Con la
transición presidencial aguardando, un poco de optimismo, pues así lo prometía
el discurso político que se emitía, sembraba en los ciudadanos las aspiraciones
de retomar la calma en sus comunidades, pero la realidad subsecuente, distaba
mucho de ser pacífica.
Y en 2013, la violencia recrudeció, prueba de ello, es
que este año concluyó estigmatizado como el más sanguinario para esta entidad
federativa desde el inicio de la mencionada guerra contra el crimen. El número
de homicidios dolosos investigados en 2013 superó a los de su antecesor en un
27%. Comunes fueron, además, los
bloqueos carreteros que se volvieron noticia cotidiana, según parecía, diversas
guardas comunitarias se hacían del control de diversos puntos de Michoacán.
Se habían documentado grupos de autodefensa en seis
comunidades michoacanas: Ostula, Tepalcatepec, Coalcomán y Buenavista, además
de Cherán y Urapicho, que desde 2011 ya contaban con estos policías comunitarios.,
pero todo indicaba que el furor orillaría a que fuesen más. Estas agrupaciones
se integran por cuerpos armados civiles que se levantaron en armas contra el
crimen organizado, particularmente el cártel de Los Caballeros Templarios
quienes se disputan el dominio de la plaza con el Cártel Jalisco Nueva
Generación, ante la ineficacia de las autoridades institucionales que incumplen
en su labor de procurar la seguridad social y según algunos afirman, incluso
fungen como cómplices de la delincuencia. El origen de estas policías
comunitarias es muy difuso: Los Caballeros Templarios aseveran que están al
servicio de cárteles rivales, se baraja también la posibilidad de que sean
cuerpos paramilitares organizados por el gobierno federal, ellos mismos aseguran
que se ha estructurado durante años en secrecía, obtenido armamento abandonado
por los criminales y que su único objetivo, es abatir a los narcotraficantes
que durante años los han sumergido en inseguridad, dolor y muerte.
El actual presidente Enrique Peña Nieto anunció en mayo
un nuevo plan para afrontar la situación que se había desatado en el estado,
que ahora era también regido por su partido político, pero la ausencia de su
gobernador Fausto Vallejo quien desde abril pasado recibe tratamiento médico
prolongado por 270 días, supone, inevitablemente, un importante hueco
gubernamental en la entidad. La oposición se empecinaba ahora en analizar la
desaparición de los poderes en el estado para que la Federación atendiera el
asunto, pero la propuesta fue pronto descartada. Hacia noviembre del 2013, el
gobierno federal tomó el control del puerto de Lázaro Cárdenas, un importante
punto comercial, tras el avance de los grupos civiles armados en diversos
municipios del estado.
El año actual comenzó con
una tónica igual de vertiginosa. El 4 de enero, el líder del grupo de
autodefensa en Tepalcatepec, José Manuel Mireles, quien adquirió trascendencia
en el ojo público hace casi once meses, y procesado y sentenciado por delitos
contra la salud hace más de 20 años, resulta herido tras desplomarse la
avioneta en la cual viajaba, escapando de la muerte con traumatismo craneoencefálico leve y mandíbula dislocada, pero dando vida a muchas interrogantes. Ese mismo día,
algunas horas antes, agrupaciones civiles armadas ingresaron al municipio de
Parácuaro, en donde asumieron el control
de la seguridad en la localidad, y procedieron a retener y desarmar a policías
municipales.
El 10 de enero el gobernador estatal, Fausto Vallejo, solicitó por escrito
al gobierno federal el envío de fuerzas policiacas y militares, tras reportarse
ataques a la alcaldía y diversos comercios en Apatzingán, encontrándose el 13
de enero con autoridades federales en Morelia, particularmente, con el
secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, con quien ya había
mantenido reuniones personales en días recientes.
Un día antes de la reunión
arriba mencionada, el domingo 12 de enero, un grupo de civiles armados tomaron
la población de Nueva Italia, en las cercanías de Apatzingán. Tras esto, se
emplazaba constantemente a los grupos de autodefensa a retomar su actividades
cotidianas y entregar las armas que portaban, también se les proponía que
pasaran a integrar las filas de los cuerpos policíacos institucionalmente
reconocidos, a lo que los representantes de las policías comunitarias constantemente
se han rehusado, pues tienen sus objetivos muy marcados. El desarme que
pretendió efectuar el gobierno en coordinación con los cuerpos militares, ha
desencadenado en la repulsa por parte de la población civil, pues en ellos han
perecido inocentes a manos de los soldados.
El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto designó el 15 de enero a Alfredo
Castillo Cervantes como titular de la nueva Comisión para la Seguridad y el
Desarrollo Integral en Michoacán; el ex titular de la Profeco tiene ante sí una
colosal labor que asumir, pues en su encomienda está atender la crisis de
inseguridad en el estado de Michoacán desatada por los enfrentamientos entre
los grupos de autodefensa y los cárteles del narcotráfico.
El procurador general de la república, Jesús Murillo Karam previó el brote
del denominado efecto cucaracha en
los estados colindantes en Michoacán, por lo cual se desarrolla una estrategia
que involucra conjuntamente a diversos niveles de gobierno para prevenir esta
reacción. Murillo Karam declaró recientemente que la situación en Michoacán ¨es
tan compleja como para resolverla en unos días¨, pero mientras los días
transcurren, los titulares de los medios informativos se inundan con más
noticias sobre estos hechos que marcan trascendentalmente el inicio de un nuevo
año en México.
